LAS TRES TAXIS POR APLICATIVO MÁS INSEGUROS EN PERÚ, SEGÚN ASPEC Aspec señala a DiDi, Uber e inDrive como las apps de taxi más inseguras en Perú y pide regulación urgente. 2/2/2026 La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), junto al Observatorio de Plataformas–Perú e Ipsos Perú, presentó el informe “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, que evalúa cinco plataformas de transporte en el país. El estudio ubicó a inDrive, Uber y DiDi como las apps con mayor riesgo, mientras que Yango y Cabify recibieron mejores calificaciones. El equipo de campo realizó el trabajo con “cliente incógnito” entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en Lima.
¿Qué apps son las más riesgosas?
El ranking general del estudio mostró que Yango obtuvo la mejor calificación con 4,25 puntos, seguido de Cabify con 3,25. En contraste, inDrive (2,5), Uber (1,25) y DiDi (1,0) quedaron en el grupo de plataformas con mayor nivel de inseguridad.
El informe advierte que tres de las cinco apps evaluadas no registran domicilio legal en Perú (DiDi, Yango e inDrive). Esto deja a los usuarios en una situación de indefensión jurídica, porque los reclamos o conflictos podrían derivarse a tribunales extranjeros, como los de Países Bajos o Chipre. Además, el estudio detectó que Uber y DiDi no exhiben un libro de reclamaciones visible, y que todas las plataformas imponen contratos con cláusulas abusivas que trasladan la responsabilidad al consumidor, permiten cambios unilaterales en los términos y limitan los mecanismos de reclamo.
Aspec también calificó como “irracionales” algunos términos y condiciones. Por ejemplo, inDrive afirma que la plataforma no controla la calidad ni la seguridad del transporte. En DiDi, la empresa excluye la responsabilidad incluso por negligencia. En Uber, la responsabilidad se limita por daños indirectos, incluyendo lesiones o daños a la propiedad, aunque haya advertido del riesgo.
Durante el trabajo de campo, el 23% de los viajes en taxi por aplicativo se canceló antes de concretarse. En seguridad, solo el 18% de los taxis mostró el SOAT visible. En paquetería, se detectó un 12% de discrepancias entre la placa registrada en la app y el vehículo que llegó. Aunque el 95% de pasajeros se sintió seguro durante el viaje, el servicio postviaje presentó fallas: solo el 50% de los objetos olvidados se recuperó y un 33% de conductores pidió pagos adicionales para devolverlos.
¿Qué pasa con las motos por app?
La directora del Observatorio de Plataformas-Perú, Alejandra Dinegro, advirtió que la falta de una norma sectorial genera un esquema regulatorio fragmentado. Esto debilita la fiscalización y facilita la proliferación de servicios ilegales. El caso más crítico es el transporte de pasajeros en moto por aplicativos, que opera sin habilitación legal, sin estándares mínimos de seguridad y al margen de supervisión estatal. Esta situación distorsiona la competencia y afecta la movilidad urbana.
El informe también resalta que países como Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y México ya reconocen jurídicamente la intermediación digital y asignan responsabilidades claras a las plataformas. En Perú, la ausencia de reconocimiento legal impide una fiscalización real y normaliza prácticas ilegales.
Recomendaciones para el usuario
- Antes de viajar, verifica que la app muestre el SOAT y que la placa coincida con el vehículo: Si no coincide, cancela el viaje y reporta el caso
- Comparte tu ubicación en tiempo real con un familiar o amigo de confianza: Así alguien puede seguir tu recorrido y actuar si algo no va bien
- Guarda evidencia del viaje (capturas de pantalla o fotos del vehículo) y usa el canal de reclamos de la app: Esto ayuda a respaldar tu caso, sobre todo porque el sistema actual deja al usuario con pocas opciones
¿Qué se debe hacer ya?
Si el Estado no pone límites claros, la “movilidad digital” seguirá siendo una zona gris donde el consumidor paga el precio de la improvisación. No se trata solo de tecnología, sino de derechos: usuarios sin defensa legal, conductores sin control y plataformas que operan como si las normas no existieran. La urgencia es evidente, porque mientras el mercado se moderniza, la protección del ciudadano se queda atrás. 
